Resumen: Se rechaza el recurso interpuesto contra la sentencia desestimatoria de la (acumulada) pretensión deducida por modificación sustancial de condiciones de trabajo y despido. Partiendo de la existencia de aquella que alteró el régimen de turnos y el sistema de remuneración y cuantía salarial del actor (que finalizó con acta de acuerdo colectivo) analiza la Sala la importancia cualitativa de la modificación impuesta, su alcance temporal y las eventuales compensaciones pactadas, pues de tales circunstancias dependerá que la intensidad del sacrificio que se le impone, haya de ser calificado o no como sustancial (sustancialidad en cuyo análisis habrá de ponderarse la materia sobre la que incida y sus características desde la triple perspectiva de su importancia, alcance temporal e incluso de las eventuales compensaciones. Sobre la base de que la litigiosa responde a aquel primer carácter se advierte que el trabajador se dio por notificado a efectos del plazo de caducidad para el ejercicio de su acción cuyo alegado perjuicio (que no puede presumirse) se rechaza en función del escaso periodo de trabajo en fin de semana realizado por el actor. Y si bien éste fue dado de baja en la SS tal circunstancia no constituye un despido por parte de su empleador al haber optado aquél por la extinción de su contrato y por el percibo de la indemnización prevista en la norma; data desde la que vuelve a su trabajo, recoge sus cosas personales de su taquilla, y se firma el correspondiente boletín.
Resumen: Se discrepa en cuanto a la cantidad que por rentas debe ser abonada, ya que la arrendataria señala que abandonó el local mucho antes de presentarse la demanda por haber llegado a un acuerdo de resolución y que aunque la propiedad le dijo que no era necesario que entregara las llaves, luego le dijo que lo hiciera y se las llevó a su domicilio y siguiendo sus indicaciones las dejó en el buzón, añadiendo que acordaron eximirle del pago de rentas por la situación creada por el COVID-19. El Tribunal tras señalar que la infracción de lo dispuesto en el art. 217 LEC exige que un hecho precisado de prueba se declare no probado y que se atribuyan las consecuencias desfavorables a la parte que no le incumbía la prueba, en este supuesto la sentencia atribuye la falta de prueba de la entrega de las llaves a la arrendataria, que es quien tenía la carga de acreditarlo, por lo que no existe infracción, sin que pueda admitirse la pretensión de la arrendataria de que se considere acreditado a través de las presunciones judiciales, que funda en el cierre del local, que era hecho conocido por la arrendadora y en no reclamar todas las mensualidades de renta, pues además de ser afirmaciones negadas de contrario y no probadas, no implican la consecuencia pretendida, ya que la desocupación del local o la resolución unilateral no eximen del pago. El pacto sobre desistimiento existe, pero está condicionado a la previa notificación al arrendador y aquí no se ha realizado comunicación alguna.
